España pagará pleitos fiscles millonarios por su mala legislación, como consecuencia de una sentencia del TJCE

Buenos
dias,

Ayer salió
esta noticia en Expansion, y no tiene mala pinta…

Adjunto
también la sentencia, que no tiene desperdicio

http://www.expansion.com/2010/01/26/juridico/1264529953.html

España
pagará pleitos fiscales millonarios por su mala legislación

Publicado el 26-01-2010 , por José Mª López Agúndez / Mercedes
Serraller

España se enfrentará en breve a una oleada de reclamaciones millonarias por
haber legislado contra de la normativa de la Unión Europea en el ámbito de
varias figuras fiscales y con mucha probabilidad tendrá que devolver
impuestos indebidamente cobrados incluso de ejercicios prescritos
fiscalmente
gracias a una sentencia que el Tribunal de Justicia de
las Comunidades Europeas (TJCE), con sede en Luxemburgo, hizo pública hoy.
La sentencia, que surge con motivo de la legislación española de los años
noventa en las deducciones del IVA en las subvenciones, establece que cabe la
reclamación patrimonial al Estado por legislar de forma defectuosa o
incompatible con la normativa comunitaria. Además de este supuesto del IVA,
España al menos ha legislado en otras cuatro ocasiones en contra de la
normativa fiscal europea, donde en dos de ellas ya hay sentencia contra
nuestro Estado.
Después de que en 2005, el TJCE declarara incompatible con la Sexta Directiva
la limitación del carácter deducible del IVA en las subvenciones, la empresa
Transportes Urbanos solicitó la devolución de ingresos indebidos por
1.228.366 euros al Estado por la incorrecta actuación del legislador español,
que adaptó mal la Directiva en este punto. Como las declaraciones eran de
1999 y 2000, no era posible instar la petición a Hacienda, al encontrarse
prescrita. Por eso utilizó otra vía, la reclamación por responsabilidad
patrimonial del Estado legislador. Ahora, el tribunal europeo ha confirmado
su validez y lo ha hecho después de que el propio Tribunal Supremo español le
preguntara. Éste tenía dudas si debía aplicar la doctrina según la cual,
antes de declarar la responsabilidad patrimonial por una norma, es necesario
que previamente exista una sentencia que la declare inconstitucional.
Ahora, esta doctrina que exige tal requisito no se podrá pedir respecto de
las normas nacionales declaradas contrarias al Derecho Comunitario. Tal y
como dice la sentencia, “el principio de equivalencia se opone a la aplicación
de una regla como la controvertida en el litigio principal”. Esto provocará
un aluvión de reclamaciones por otros supuestos de incorrecta legislación
española en relación con la normativa comunitaria, en los que existen ya
sentencias que la declaran incompatible.
Según explican Antonio Puentes y Miguel Ferre, director del departamento de
Procedimientos Tributarios y socio de Fiscalidad Internacional en Madrid de
Landwell-PwC, respectivamente, “esta sentencia abre la vía para reclamar por
responsabilidad patrimonial del Estado Legislador por vulneración del Derecho
Comunitario equiparándola a la ya existente por vulneración de la
Constitución Española”.
A efectos prácticos, apuntan, el fallo permitirá que “los contribuyentes,
residentes y no residentes, pueden reclamar la devolución de los impuestos
indebidamente abonados en violación del Derecho Comunitario –junto con los
intereses– dentro del plazo de reclamación por responsabilidad patrimonial
previsto en la norma española –1 año–”.
Supuestos a los que se aplica esta sentencia son:_(i) el pago por el concepto
de operaciones societarias en la constitución de sucursales o
establecimientos permanentes en España;_(ii) la tributación de las personas
físicas residentes en Estados de la UE diferentes al de España por ganancias
que hayan tributado al 35% por el diferencial de la tributación de
residentes, del 15% o 18%;_(iii) tributación de sociedades no residentes por
divendos satisfechos por sociedades españolas cuando el porcentaje de
participación se sitúa por encima del 5% pero por debajo de los umbrales de
la UE y (iv) la tributación en España de fondos de pensiones de residentes en
la UE cuando los fondos españoles no tributan. En los dos primeros ya hay
sentencia.
Como explica José María Cusí, socio responsable del Area Fiscal de Bird &
Bird en España, son muchas las lagunas que presenta la legislación fiscal
española a la hora de implementar el Derecho Comunitario y las sentencias que
emite el TJCE.
Cusí hace, a continuación, un recorrido por ejemplos recientes: “Se modificó
la norma de sub-capitalización y también la de transparencia fiscal
internacional para que no resultasen aplicables con otros Estados miembros de
la UE con motivo del caso C-324/00 provocado en Alemania y conocido como caso
Lankhorst-Hohorst sobre el que falló el TJCE el 12 de diciembre de 2002”.
Además, añade, “a raíz de la sentencia del TJCE de 18 de junio de 2009 y en
el caso C-303/07, denominado Aberdeen Property Fininivest Alpha Oy, se ha
abierto la posibilidad para solicitar la devolución de retenciones soportadas
en el cobro de dividendos de sociedades residentes en España por sociedades
en otro Estado miembro de la UE que tuvieran un porcentaje de participación
en las citadas sociedades españolas de al menos un 5% e inferior al establecido
en la implementación de la conocida como Directiva Matriz-Filial".
También el pasado 9 de julio, y con motivo de la sentencia del TJCE sobre el
asunto C-397/07, el citado tribunal ha declarado que España ha incumplido la
Directiva 69/335 y modificaciones a la misma en el impuesto sobre operaciones
societarias, dice. Cusí recuerda los” múltiples fallos sobre la no correcta
aplicación de la Sexta Directiva”.
Pero, concluye, “en la sentencia del TJCE de 6 de octubre sobre el caso
C-562/07, se ha vuelto a declarar el incumplimiento por parte de España de
los artículos 56 del Tratado y 40 del Acuerdo sobre el EEE, por tratar hasta
el 31 de diciembre de 2006 de forma diferente las ganancias patrimoniales
obtenidas en España por residentes en otro Estado”.


Oriol Vidal

Texto de la Sentencia: en la siguiente entrada.



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