Sobre la Ley de Economía Sostenible y el silencio administrativo.

Sobre el “silencio administrativo”, la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible vuelve a la carga sobre un asunto aaampliamente tratado y en muchos sentidos ya zanjado y claro para todos: NEGATIVO.

No obstante, hoy recibimos el siguiente comentario de un compañero:

“Buenos días compañeros,

Según el art. 40 de la Ley 2/2011 de Economía Sostenible (Título II, de la “Competitividad”), que añado a continuación, el Gobierno remitirá a las CCGG un proyecto de ley de modificación del sentido del silencio administrativo en determinados casos, ampliándose el silencio administrativo positivo a más casos de los actuales. ¿Qué se busca con esto? Restrictivo, a primera vista no parece, esencialmente si de lo que hablamos, como dice el Título, es de mejorar la “competitividad” de las empresas, y la simplificación administrativa…

¡Qué bien sabemos como fastidia el silencio administrativo negativo! por lo que todo cambio al respecto nos puede “alegrar el día”… (Recordemos los art. 43 y 44 LRJAP-PAC…)

La verdad que a fecha de hoy, no he visto ningún movimiento al respecto, pero puede ser algo bastante interesante. Tiene el Gobierno hasta el 6 de junio para remitir dicho proyecto, vamos a ver que nos depara el futuro… si no hacen alguna chapuza, con lo que no habría servido para nada la inclusión de este art. 40 en la Ley de Economía Sostenible.

¿Qué les parece?

Un abrazo”

Respuesta:

“Pero vamos a ver ¡Alma de cántaro!. ¿Cuánto tiempo daba la Ley 19/1994 en su redacción original ¿Cuánto tiempo de daba al Gobierno para redactar el Reglamento?. Ya te lo digo yo, 12 meses. ¿Cuándo salió?….No lo busques, aquí te lo pongo:

28/12/2007 Real Decreto 1758/2007, de 28 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, en las materias referentes a los incentivos fiscales en la imposición indirecta, la reserva para inversiones en Canarias y la Zona Especial Canaria. (BOE de 16 de enero de 2008 y corrección de errores de 8 de febrero)

Y entonces estaban Solbes y Felipe, que no hay diferencia ni na.

¿De verdad esperas que cumplan plazos?. ¿De verdad esperas que amplíen los supuestos de silencio administrativo positivo?.”

Los plazos concretos que se daba El Gobierno, son los siguientes, entre muchos otros, siendo estos los más escandalosos:

“Disposición final única.

1. Se autoriza al Gobierno de la Nación para refundir en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente Ley, y en un solo texto, las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Económico Fiscal de Canarias. La refundición comprenderá también la regularización, aclaración y armonización de dichas disposiciones.

2. El Gobierno, previo informe de la Comunidad Autónoma de Canarias, dictará en el mismo plazo de un año las disposiciones reglamentarias necesarias para el desarrollo de la presente Ley, continuando en vigor hasta entonces las disposiciones existentes.”

Y antes de continuar, ¿Se ha redactado un texto refundido sobre las “disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Económico Fiscal de Canarias?. No nos suena, hay un “Código Fiscal de Canarias”, pero un código es un código, no un texto refundido. ¿O nos equivocamos?.

La respuesta es clara: No va a haber ampliación de supuestos de silencio administrativo positivo, no en nada que reconozca derechos a los ciudadanos, no en nada que reconozca, sobre todo, créditos contra la Administración, y sino, leanse el apartado 2 del citado artículo 40 de la Ley, que no obstante reproducimos a continuación:

“Artículo 40. Ampliación del ámbito del silencio positivo.

1. Con el fin de agilizar la actuación de las Administraciones Públicas, el Gobierno, en el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de esta Ley, remitirá a las Cortes Generales un proyecto de ley de modificación del sentido del silencio administrativo en los procedimientos que no se consideren cubiertos por razones imperiosas de interés general, de acuerdo con lo establecido en el artículo 43 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. Las Comunidades Autónomas evaluarán igualmente la existencia de razones imperiosas de interés general que justifiquen el mantenimiento de los efectos desestimatorios del silencio administrativo en los procedimientos administrativos regulados por normas anteriores a la redacción del artículo 43 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, derivada de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. Dicha evaluación se llevará a cabo en el plazo de un año desde la entrada en vigor de esta Ley y servirá de base para impulsar la adecuación normativa oportuna.”

Si es que los políticos tienen cosas más importantes en las que ocuparse, mira que esperar agilidad y cumplimiento de plazos. ¿O para qué se creó el silencio administrativo?. Pues eso, por si se les van los plazos, y que conste que no estamos confundiendo Administración con políticos, son otros quienes lo hacen, que tenemos, en general, un cuerpo funcionarial muy bien formado y cada día más competente, solo que no lo aprovechan, y a nuestro entender, la vieja visión del funcionario ha ido cambiando con el tiempo, otra cosa es la planificación de las funciones y duplicidades y triplicidades y tetraplicidades de funciones –Ayuntamiento, Cabildo o Diputación, Comunidad Autónoma, Administración General del Estado…y menos mal que la UE aún no abre oficinas-. En fin, esta parte es para otra discusión.

Haz de guía

Salu2.

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