Pymes y asalariados, en el
punto de mira de los inspectores de Hacienda

Publicado el 19-02-10 , por Calixto Rivero

Las nuevas normas de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria
(AEAT) han puesto en la diana a los particulares y a las empresas en la lucha
contra el déficit.

Los inspectores de Hacienda del Estado han levantado el hacha de guerra:
denunciaron que la vicepresidenta económica, Elena Salgado, les obliga a cerrar
las investigaciones antes de tiempo –en 8 meses y medio en vez de en un año– y
con menos recursos, lo que estrecha el cerco de las investigaciones en los
pequeños comercios y no en las grandes compañías, mucho más difíciles de
vigilar.

Y es que la subida del IVA, del IRPF y de la tributación del ahorro no son
suficientes para reducir el abultado agujero de las cuentas públicas. Según el
77% de los jefes de la Inspección –los únicos autorizados para firmar actas en
el Fisco– “no se debería tratar de paliar el fuerte descenso de la recaudación,
consecuencia de la crisis económica, con una mayor presión” sobre el
contribuyente.

Salgado pretende recaudar un 15% más medio de la lucha contra el fraude en
2010, con menos medios materiales y humanos. En 2009 consiguió gracias a esta
vía 4.000 millones. Sin embargo, esto se convertirá en una tarea casi imposible
este año.

El Ejecutivo ha recortado el Presupuesto del Fisco un 6,1% durante este año,
ha atajado los gastos de personal de la Agencia un 8%, lo que ha hecho que se
pierdan 250 efectivos de la plantilla. Además, ha destinado un 16,8% menos para
inversiones reales destinadas a mejorar los equipos informáticos y los
administrativos.

Asimismo, el director general de la AEAT, Luis Pedroche, según una
resolución publicada en enero, pretende que los Inspectores que más recauden y
que más deudas descubran ganen más dinero cada al año, lo que les obligará a
apretar las tuercas aún más a los contribuyentes.

Retribuciones
El mecanismo de Hacienda es sencillo: modificar ciertos criterios para
distribuir la productividad entre los empleados públicos, dando primacía para
cobrar los pluses de productividad al cumplimiento de aspectos formales, a la
realización de tareas burocráticas y al uso de nuevas aplicaciones informáticas
que aún no funcionan correctamente.

A juicio de los funcionarios esto reduce la calidad y la profundidad de su
trabajo diario:“Son instrumentos de control de los funcionarios, cuando es
obvio que su finalidad debiera ser incrementar la seguridad, fiabilidad y
eficacia en la instrucción de expedientes”, destaca el documento que han
enviado más de 600 trabajadores a Pedroche.

Según el secretario y portavoz de la Organización Profesional de Inspectores
de Hacienda del Estado, Francisco de la Torre, antes de citar al contribuyente
tienen que cumplir un paquete de normas rutinario de 34 páginas y elaborar un
expediente previo. A esto se suma que le han recortado las dietas para
desplazarse a otras ciudades para investigar y que se premian las labores de
oficina, a pesar de que la mayor parte de la empresas sumergidas no figuran en
ningún registro.

Oriol Vidal y Carlos Marcelo

Salu2